1. El Ecuador pide plata a la China para más aviones

Los gobiernos de China y Ecuador suscribieron ayer tres convenios de cooperación económica y técnica por $52,6 millones, que incluye una donación de $1,46 millones para proyectos que acuerden ambos países.

De acuerdo con información divulgada por el periódico público El Ciudadano, el tigre asiático también aprobó dos líneas de crédito, una por $2,93 millones, a 10 años plazo y otra por $48,2 millones, para la adquisición de cuatro aviones para la Fuerza Aérea (FAE).

Rodrigo Bohórquez, comandante de la FAE, informó que los radares chinos comprados en julio, a un costo de $ 60 millones, llegarán en un año o más, pero indicó que entre tanto, China enviará en 15 días dos radares que serán ubicados en Sucumbíos y Esmeraldas, en la frontera con Colombia. "Esto demuestra que las relaciones entre China y Ecuador son excelentes y están en el mejor momento", dijo el Presidente Rafael Correa, quien firmó dichos convenios como testigo de honor.

Correa calificó como inteligente la estrategia del Gobierno chino de colocar sus recursos en el desarrollo del país "en lugar de invertirlos en bonos del tesoro de los Estados Unidos. Así recuperan su inversión y nos ayudan a desarrollarnos", afirmó.

También resaltó el apoyo de China para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo-Sinclair, aunque no precisó si Ecuador recibió la aprobación de un crédito por alrededor de $1 400 millones que gestiona con el Exim Bank de ese país, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri.

Análisis
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2. Varios rectores cuestionan informe que declara en categoría E a sus entidades

Dirigentes universitarios de Guayaquil volvieron a rechazar el anuncio del Consejo de Evaluación y Acreditación de la Educación (Conea) de suprimir 26 universidades luego de una evaluación global.
Reiteraron que el Gobierno utiliza este argumento para "chantajear" la aprobación de la Ley de Educación Superior que la elabora la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Así afirmó Galo Mindiola, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) de Guayaquil.
"Este chantaje nosotros, los estudiantes universitarios, no lo vamos a permitir", dijo Mindiola. Empero, reconoció que sí hay universidades de "garaje", como las calificó el presidente Rafael Correa, que no están en capacidad de funcionar y tendrán que ser cerradas, pero en base a un estudio científico y tal como dispone la Constitución.


Análisis:
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3. 19 proyectos eléctricos, a paso lento

El país tiene 226 proyectos hidroeléctricos en agenda. El Gobierno definió 19 como prioritarios, de los cuales 13 se encuentran en proceso de factibilidad. El potencial energético hidroeléctrico del país supera ampliamente la demanda actual y la proyectada para los próximos 15 años.

El Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) mantiene en su dirección electrónica un catastro de 226 proyectos que suman una potencia de 11 818 MW, cuando la potencia energética instalada que cubre la demanda actual es de 3 768 MW. Para su ejecución se requiere una inversión de al menos USD 15 989 millones.

De este grupo, el Gobierno ha tomado 19 proyectos como prioritarios para actualizar sus estudios de factibilidad y lanzarlos a licitación. Se calcula que este nuevo contingente entre en operación hasta 2016, con una potencia total de 4 782 MW y una inversión de USD 7 056 millones.

Ello, con el fin de que el país sea energéticamente soberano y no tenga que depender de la interconexión con sus vecinos sino que llegue a vender sus excedentes.

De acuerdo con técnicos del Ministerio de Electricidad, estos proyectos se tomaron de un inventario que el antiguo Inecel (liquidado en 1999) había desarrollado desde mediados de la década de los setenta, pero que nunca se concretaron.

Una muestra de ello es la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, de la que se realizaron los estudios iníciales en 1992, y las centrales Mazar y Sopladora, complementarias de Paute, que permanecían en carpeta desde hace más de 30 años.

Análisis

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4. 20 630 alumnos serán evaluados en la Costa

Con solo un lápiz sobre la banca, los 30 estudiantes de sexto sociales del colegio Vicente Rocafuerte, en Guayaquil, se alistaban para una prueba de matemática. Pero no era un examen común.

Desde ayer, en la región Costa, el Ministerio de Educación realiza las pruebas del Sistema de Evaluación y Rendición de Cuentas (SER), para verificar el rendimiento de los alumnos en las áreas de matemática y lenguaje y comunicación.

En Guayas, 7 719 estudiantes de planteles fiscales y particulares serán evaluados. La primera muestra se tomó a los alumnos de tercero de bachillerato, en 59 colegios de la provincia.

Durante la mañana, las aulas del Vicente Rocafuerte permanecían en silencio. Los 16 aplicadores de la Universidad de Guayaquil recorrían los pasillos. “Estamos tomando tres pruebas. El último cuestionario es para conocer la relación del chico con sus profesores y autoridades”, explicó Pedro Rodríguez, coordinador de la U. de Guayaquil.
Luis Tinajero, vicerrector encargado del plantel, espera que los resultados sean buenos. “El promedio general del colegio es bueno. Pero las mayores falencias de los chicos siempre están en matemática y lenguaje”.

El puntaje final de las pruebas permitirá hacer un seguimiento de la calidad de la educación. La directora de Educación de Guayas, Carmelina Villegas, indicó que se propondrán estrategias de mejoramiento en los planteles que reporten bajas notas.

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5. Cinco meses del derrame en Sacha

Mañana se cumplirán cinco meses desde que 691 879 barriles de agua de formación tóxica se derramaran en el pozo Shuara 24, en Sucumbíos, sin que hasta el momento las poblaciones afectadas hayan recibido las remediaciones del caso.

Y mientras las autoridades del Ministerio del Ambiente y de Petroecuador se lanzan la pelotita, las comunidades decidieron tomar medidas por su propia cuenta. La Asociación Forestal de Campesinos 1 de Mayo, en representación de las comunidades afectadas y por medio de su presidente, Rodrigo Rosillo, inició la demanda por daño ambiental contra la compañía de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Cruz María Ávila, abogada de Pdvsa, desestimó las acusaciones y deslindó a la compañía de toda responsabilidad. “Mi representada puso a disposición de Petroproducción dos torres de perforación de su propiedad (incluido personal técnico). Por lo tanto, la acción debe presentarse en contra de Petroproducción, responsable de todas las operaciones”.

Alejandro Orellana, abogado de la parte demandante, se ratificó en la acusación y alegó que “de acuerdo con la Ley de Gestión Ambiental de la actual Constitución, quien contamina el ambiente es el responsable directo de la reparación de los daños”.

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, Juan Núñez, tras escuchar a las partes en el caso, determinó la apertura de la causa a prueba.

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